Poco antes del verano cayó en mis manos una tesis doctoral convertida en libro: “¿La prensa apuntilló a los toros en Cataluña?”. Lo firma José Ignacio Castelló, que además de historiador es doctor en periodismo y profesor del CEU en la universidad Abat Oliba; aun siendo de Barcelona, no esconde su afición a los toros. Esto último adquiere cierto grado de heroicidad en una comunidad en la que sólo la simple sospecha de ser taurino acarrea que te tilden de españolista, aderezado todo ello, además, con una interminable lista de insultos. Lo segundo se puede superar, pero lo primero, y dependiendo en qué ambientes, es más complicado.
Adios a los toros en Cataluña
En esa tesis, Castelló demuestra que la decadencia taurina en Cataluña es muy anterior a la ley del Parlament, que en 2010 prohibió las corridas de toros en su territorio. El profesor señala directamente a la prensa catalana, que con un puyazo prolongado en el tiempo ha dejado en una total marginación al mundo de los toros hasta llevarlo a la más absoluta irrelevancia. Tanto La Vanguardia como El Periódico han silenciado durante años la presencia de la tauromaquia en Cataluña hasta el punto de colocar este espectáculo centenario como algo del pasado y no del futuro, como algo más propio de los hombres de Cromañón.
Lo que se denuncia en este libro se puede extender a todo el país, con un daño añadido: los gestores de la televisión pública, de esa TVE pagada por todos los españoles, eliminaron de su parrilla la retransmisión de corridas de toros, hurtando ya a varias generaciones siquiera la posibilidad de acercarse a un espectáculo que general más de 1.600 millones de euros al año, el 0,16% del Producto Interior Bruto. Con Rodríguez Zapatero empezó todo y el complejo permanente del PP les ha impedido revertir la situación, todo ello con la nula colaboración de los toreros, mucho más interesados en su beneficio personal que en el futuro del sector.
La sentencia del Tribunal Constitucional, lejos de despertarme síntomas de euforia, me coloca en un absoluto pesimismo. Cuando conozcamos el texto completo, será el momento de entrar en el detalle jurídico de las razones esgrimidas por los magistrados del Alto Tribunal. Pero las cuestiones prácticas no son nada halagüeñas, a pesar de esa sentencia. Tanto la Generalitat -experta en saltarse cualquier ley a la torera- como el propio Ayuntamiento de Barcelona ya han anunciado que tienen mecanismos suficientes para mantener el veto. Y si no es así, se inventarán las ordenanzas y leyes que sean necesarias, además de exigir un sinfín de licencias y permisos con requisitos imposibles de reunir. Esta sentencia, lejos de crear un precedente jurídico de obligado cumplimiento, puede provocar un pernicioso espejo en el que mirarse y que pueden imitar otras comunidades o ayuntamientos en su carrera antitaurina.
De nada habrá servido este triunfo judicial, porque allí la batalla se perdió mucho antes de la prohibición. Seré el primero que acuda a la Monumental de Barcelona si es que vuelven los toros al coso de la calle de la Marina. Pero no veo ese día, y no lo veo porque además de las autoridades catalanas, además de independentistas y podemitas, están los dueños de la plaza desde 1927, la casa Balañá, gestores de un gran emporio de ocio de cines y teatros a los que no veo dispuestos a arriesgar un céntimo de su pujante negocio por ofrecer una corrida de toros sin ningún tipo de continuidad. Ni siquiera arrendando la plaza a otra empresa que ponga sobre la mesa una cantidad de dinero interesante. También ellos sienten en el cogote la presión de antitaurinos y separatistas y para don Pedro y su estirpe, la pela, es la pela.
Escrito por Antonio Herraiz para La Tribuna de Guadalajara.
